Una nueva frustración.

Una nueva frustración.

La omnipresente discusión sobre el precio del boleto del transporte de pasajeros en la ciudad, no hace más que reeditar otro capítulo de una historia con final conocido. Concesionarios que piden más, usuarios que piden menos, un municipio que zigzaguea entre los favores a la corporación y el populismo demagógico.

Todo terminará tal cual lo previsto, es decir con un aumento en el valor del boleto que estará aproximadamente a mitad de camino entre el que piden los empresarios y lo que sugiere el municipio. Final cantado, demasiado predecible.

A estas alturas no sorprende la actitud de este empresariado. Después de todo es la conducta esperable de quienes se prestan al juego de ser parte de una concesión de servicio público como la del transporte. La idea es que el número cierre de alguna forma. Cumplir con la normativa tratando de obtener un resultado económico aceptable. El monopolio que ofrece la concesión en el tramo que le haya tocado en suerte, permitirá manejar los costos adecuadamente. No hay demasiada ciencia al respecto.

El municipio intentará llevar adelante ese, casi imposible, equilibrio entre sostener el sistema monopólico vigente que plantea la concesión e intentar que el ciudadano medio, no se enoje más de la cuenta, por el valor del boleto o por la calidad del servicio.

Los concejales juegan también ese doble rol, apareciendo como los defensores de la gente, pero sosteniendo a rajatablas un sistema inmoral, dándole entidad a cada paso.

Los ciudadanos parecen predestinados a ser los convidados de piedra de esta historia. Son los beneficiarios del sistema en los papeles, pero en realidad nadie les consulta demasiado. Después de todo no habría porque hacerlo, el sistema sólo los contempla como usuarios, y su opinión no esta prevista seriamente en ninguna parte del retorcido sistema de concesiones del transporte público de pasajeros.

Esta historia es correntina pero se repite en casi toda la geografía nacional. Es que los argentinos parecemos no conocer otra forma de hacer las cosas que otorgar trazas monopólicas a concesionarios de turno que intentan sacar provecho de esa manera de hacer negocios.

Por eso, este año sorprendió la posición activa de un grupo de usuarios que decidió organizarse para intentar no repetir la película de siempre. Esa que dice que empresarios y gobierno discuten para que finalmente el boleto termine encontrando su valor en algún punto intermedio entre lo planteado por ambas partes.

El hecho es bienvenido. Las minorías organizadas ( gobierno y concesionarios ) siempre lograron imponer sus criterios a fuerza de su concentrado sistema de intereses y su dedicación full time a la tarea.

Los usuarios, siempre desorganizados, no serían capaces de hacer frente a esta fuerza desproporcionada, en un sistema cuyas reglas de juego, es ver quién presiona más.

Que los ciudadanos deseen tener voz y voto en esto, no es un hecho menor. Es para aplaudir y esperemos que sea el comienzo de algo más importante. La democracia precisa de maduración. Ésta parece ser una muestra.

Pero para poder encauzar esfuerzos adecuadamente es imprescindible tener el diagnóstico adecuado y operar en ese sentido. Los consumidores ya dieron el primer paso. Se quieren hacer oír. Juntan firmas, para que el boleto no se dispare en su valor nominal.

En esa pelea se mezclan sensaciones. Se pretende un precio que al menos no se vea incrementado, pero también se plantean cuestiones que tienen que ver con otros aspectos como la frecuencia, el estado de los ómnibus y la calidad del servicio prestado. Todo vale, pero por momentos la discusión se hace confusa.

Para que esto no caiga en saco roto, los esfuerzos de la gente deben estar orientados a resolver el problema de fondo y no detenerse en las consecuencias, para lo que resulta imprescindible conocer el asunto y como funcionan ciertas reglas del mercado.

Los monopolios generan este tipo de situaciones. Alguien pone el precio, y ese alguien no es el usuario. En este caso, como se trata de un monopolio regido por una norma pública, por mucho mecanismo participativo que pretendamos establecer, el precio lo fija el que presta el servicio presionando al estado municipal para que acepte el valor al cual estará dispuesto a prestar el servicio. Para ello recibirá subsidios, ayudas, ventajas impositivas, y cuanto recurso le permita cerrar la ecuación.

Si la gente pretende buen servicio, mejorar la frecuencia y sobre todo un precio a la altura de las circunstancias, deberá elegir otro camino. Reclamar más competencia, más libertad, para que no sea el Estado municipal quien decida qué empresarios están en condiciones de prestar el servicio, sino para que el mercado, la voluntad de la gente sea la que seleccione a los mejores.

El municipio nunca podrá reemplazar a la gente. Pensemos en como se resuelven idénticas circunstancias en el mismo rubro, el del transporte, pero en media distancia. Pese a las múltiples regulaciones que aún perduran en ese esquema, es posible elegir en qué empresa viajar, horarios, qué tipo de servicio, con qué comodidades y por supuesto qué precio estamos dispuestos a afrontar.

Los clásicos argumentos estatistas que intentan explicar las razones del monopolio de las trazas sólo dicen verdades a medias, intentado justificar esta situación que tiene claros beneficiarios. Sería ingenuo pretender que los mismos privilegiados del sistema no defiendan la concesión. Después de todo, ellos la crearon, presionando luego para generar las condiciones de su existencia, y harán lo imposible por sostenerla en el tiempo.

Mientras tanto la gente seguirá juntando firmas para un boleto que no se incremente. Pero a no equivocarnos, si no acertamos el camino, esto sólo nos llevará a una nueva frustración.

Alberto Medina Méndez

amedinamendez@gmail.com

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Corrientes – Corrientes - Argentina